Abusos sexuales en Chile de Iglesia, lejos de un caso cerrado

Santiago de Chile, 19 jun (PL) Poco antes de abordar el avión que lo llevará de regreso a Roma, monseñor Charles Scicluna, enviado especial del papa Francisco, declaró hoy ante expertos policiales chilenos en calidad de testigo.
Una práctica inusual con un alto jerarca de la Iglesia católica, oficiada en las dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile en el aeropuerto internacional Arturo Merino de Santiago.
Prueba inequívoca de que el expediente de los abusos sexuales cometidos por ministros de la Iglesia católica en el país austral sigue abierto. Tal vez, igualmente, expresión de la voluntad de la Santa Sede de hacer una purga ejemplar.
El foco en Chile es una suerte de onda expansiva que enseña al resto de las diócesis en el mundo de la verticalidad emprendida por el papa Francisco, a partir de denuncias que colocaron en el desprestigio a un ambiente eclesial antes intocable.
Se coordinó una entrevista con monseñor Scicluna, antecedida por un balance que realizó junto al otro «detective» del Vaticano, el sacerdote español Jordi Bertomeu, luego de una semana de visita a la nación sudamericana.
El fiscal Raúl Guzmán, quien encabeza una pesquisa por los abusos al interior de la Congregación de los Hermanos Maristas, en la que ya se han identificado al menos 30 víctimas, comentó que la idea es identificar si los supuestos delitos prescribieron o cabe una acción penal.
Antes, en un encuentro con periodistas, Scicluna aclaró que la decisión de entregar a la justicia chilena un extenso informe de dos mil 300 páginas sobre testimonios y casos, corresponderá al papa Francisco.
En su anterior visita a Chile en febrero, el denominado fiscal del Vaticano y su ayudante Bertomeu, elaboraron el reporte de marras que dejaron en manos del obispo de Roma.
A partir del texto, Jorge Mario Bergoglio inició una serie de acciones, entre las que destacó un reiterado pedido de perdón a los feligreses y a toda la comunidad religiosa en tierras chilenas, por los desmanes cometidos por algunos párrocos.
«Muchas veces, no se presentan denuncias porque uno no sabe cómo proceder, de quién es la competencia o el organismo competente. Por tanto, se tiene que hacer este trabajo de escuchar», puntualizó Scicluna.
Detalló que de forma transitoria -para dar continuidad al trabajo realizado-, las futuras denuncias será recibidas por el Consejo Nacional de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal, a través de una línea teléfono y un correo electrónico.
Del grupo quedó marginado el obispo Juan Ignacio González, para escuchar a quienes sufrieron esos males. Es uno de los señalados de complicidad con el defenestrado cura Fernando Karadima.
Al igual que González, fue excluida la abogada Ana María Celis, calificada como una defensora de los intereses de los obispos en el caso del expárroco Karadima.
El Episcopado informó en rueda de prensa que trabajarán en el colectivo, Pilar Ramírez, actual coordinadora del Consejo; Josefina Martínez, psicóloga; hermana Marcela Sáenz; sacerdote Larry Yévenes y el sacerdote David Albornoz. Los escándalos que involucran a ministros de la Iglesia católica se incrementaron en las últimas semanas. Hay 14 curas suspendidos en Rancagua y una exmonja que dice haber sido violada por una superiora, entre varios casos.